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Si es usted un cliente o proveedor afectado le ofrecemos la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros.

Para ello, le proponemos respetuosamente, que nos envíe fotocopia del DNI,  fotocopia de calidad de toda la documentación que tenga con relación a este asunto (contratos, informaciones periódicas recibidas, extractos, propaganda y publicidad etc.) y una hoja donde explique personalmente los hechos básicos de su caso, indicando sus datos personales, tipo de contrato firmado, aportaciones realizadas y dinero que debería obtener de rentabilidad y fecha de ésta.

Una vez estudiado gratuitamente su caso, le contestaremos de forma urgentísima en la dirección o teléfono que nos facilite, ofreciéndole  nuestra opinión al respecto, cuáles serían las acciones judiciales que ejercitaríamos en defensa de sus intereses (básicamente las tres actuaciones de la columna de la izquierda), qué debe hacer para que le defendamos y cuáles serían las condiciones económicas para dicha defensa judicial (aproximadamente entre 60€ - 100€). Todo se reflejaría por escrito en un contrato.

Puede enviar la documentación a nuestro despacho, por correo postal o por fax (preferible por correo postal porque se verá mejor):

José Antonio Ramos Mesonero

Abogado (Colegiado nº 2493 I.C.A. de Salamanca)

Paseo de la Castellana, 164, 1ª entreplanta, 28046, Madrid

Fax 917885701

No obstante, le dejamos el correo electrónico y un teléfono de atención 24h, por si tiene alguna duda urgente:

•  proteclab@protecsag.com
• Teléfono 902876569 (atención 24 horas/día)

Copia de los delitos más importantes en relación con estos asuntos en el Código Penal y normativa relacionada:

5:LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Sección 1. De las estafas Art. 248. «Jurisprudencia» «Temas» «Formularios» 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 2. También se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero. 3. La misma pena se aplicará a los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas de ordenador específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. Redacción dada por LO 15/03 (añade apdo. 3), con entrada en vigor el 1-10-2004 (LO 15/03, reforma del Código Penal:) Redacción inicial, vigente hasta el 1-10-2004: 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 2. También se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero. Acuerdo TS (Sala 2ª) 28 de febrero de 2006 ASUNTO: Delito de estafa y contrato de descuento bancario. ACUERDO: ?El contrato de descuento bancario no excluye el dolo de la estafa si la ideación defraudatoria surge en momento posterior durante la ejecución del contrato?. Concordancias. (CP:269) (CP:623.4) (LOPJ:65.1.c) (EOMF:18 ter) (LECr:282 bis) (Cons. 2/88:) (Cons. 3/01:) (Decisión Cº 2002/187/JAI, Eurojust:4) (Cir. 1/04:) Art. 249. «Jurisprudencia» «Temas» Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Redacción dada por LO 15/03, con entrada en vigor el 1-10-2004 (LO 15/03, reforma del Código Penal:) Redacción inicial, vigente hasta el 1-10-2004: Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, si la cuantía de lo defraudado excediere de cincuenta mil pesetas. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Nota: 50.000 ptas = 300,506052 euros (no se aplica el redondeo) Concordancias (LO 10/98, euro:2) (Instr. 5/01:) (Cir. 1/04:) Art. 250. «Jurisprudencia» «Temas» «Formularios» 1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 1. Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. 2. Se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal. 3. Se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio. 4. Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. 5. Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. 6. Revista especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 7. Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. 2. Si concurrieran las circunstancias 6. o 7. con la 1. del número anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. Concordancias. Acuerdo de la Sala 2ª del TS, de 8 de marzo de 2002, sobre la utilización de cheque falsificado para cometer estafa por el autor de la falsificación: ?la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa, debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa agravada del art. 250.1 3, del CP y falsedad en documento mercantil del art. 392 del mismo cuerpo legal? (CE:46) (CP:26) (CP:235.4) (CP:264.5) (CPM:77.7) (Cons. 3/99:) (Cir. 1/04:) (LCCh:) (L 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español:); (Convención de 17-11-70, de París, sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales:); (Convención de 14-5-54, para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto Armado. Instrumento de ratificación de 7 de julio de 1960:); (Directiva 93/7/CEE, respecto a la restitución de bienes culturales:); Art. 251. «Jurisprudencia» «Temas» Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: 1. Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero. 2. El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero. 3. El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. Concordancias. (Cir. 1/04:) Sección 2. De la apropiación indebida Art. 252. «Jurisprudencia» «Temas» Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable. Redacción dada por LO 15/03, con entrada en vigor el 1-10-2004 (LO 15/03, reforma del Código Penal:) Redacción inicial, vigente hasta el 1-10-2004: Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeron dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cincuenta mil pesetas. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable. Nota: 50.000 ptas = 300,506052 euros (no se aplica el redondeo) Concordancias. Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 3-2-2005: Asunto: cláusulas de reserva de dominio y prohibición de enajenar. Acuerdo: Las cláusulas contractuales de reserva de dominio o prohibición de enajenar no constituyen un título apto para generar el delito del art. 252 del CP. Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 25-10-2005: El régimen de la sociedad de gananciales no es obstáculo para la comisión del delito de apropiación indebida, en su modalidad de distracción, por uno de los cónyuges, sin perjuicio de la aplicación en su caso de la excusa absolutoria del artículo 268 C.P. (Cir. 1/04:) (LO 10/98, euro:2) (Instr. 5/01:) (Cons. 2/96:) (CP:269) (CP:623.4) (LPPNA:61) (CC:615 a 616) (CC:1760 y ss)

5:LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Art. 290. «Jurisprudencia» «Temas» Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. Concordancias. (Cons. 15/97:) (CP:26) (CP:297) (CC:1692 y ss) (CC:1709 y ss) Art. 291. «Jurisprudencia» «Temas» Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. Art. 292. «Jurisprudencia» «Temas» La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito. Art. 293. «Jurisprudencia» «Temas» Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses. Art. 294. «Jurisprudencia» «Temas» Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses. Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código. Concordancias. (LCCamb.:5) (DL 18/69, sobre Emb. Emp.:)

5:LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal TITULO XIV DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL Art. 305. «Jurisprudencia» «Temas» 1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: a) La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario. b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o puede afectar a una pluralidad de obligados tributarios. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. 3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Comunidad Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de 50.000 euros. 4. Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria. Redacción dada por LO 15/03 (modifica apdos. 1 y 3), con entrada en vigor el 1-10-2004 (LO 15/03, reforma del Código Penal:) Redacción inicial, vigente hasta el 1-10-2004: 1. El que por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de quince millones de pesetas, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes a) La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario. b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o pueda afectar a una pluralidad de obligados tributarios. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años. 2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. 3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado primero de este artículo se cometan contra la Hacienda de las Comunidades, siempre que la cuantía defraudada excediere de 50.000 ecus. 4. Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria. Nota: 1 ecu = 1 euro Concordancias. Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 25-10-2005: Es aplicable el principio de retroactividad de la ley penal más favorable a los delitos contra la Hacienda Pública, en relación con la elevación de la cuantía defraudada. STC 10-5-05: El fraude de ley tributaria se traduce en la realización de un comportamiento que persigue alcanzar el objetivo de disminuir la carga fiscal del contribuyente aprovechando las vías ofrecidas por las propias normas tributarias, si bien utilizadas de una forma que no se corresponde con su espíritu. De manera que no existe simulación o falseamiento alguno de la base imponible, sino que, muy al contrario, la actuación llevada a cabo es transparente, por más que pueda calificarse de estratagema tendente a la reducción de la carga fiscal; y tampoco puede hablarse de una actuación que suponga una violación directa del ordenamiento jurídico que, por ello mismo, hubiera que calificar per se de infracción tributaria o de delito fiscal. La utilización de esta figura del fraude de ley para encajar directamente en un tipo penal un comportamiento que no reúne per se los requisitos típicos indispensables para ello constituye analogía in malam partem prohibida por el art. 25.1 CE. Así ocurre en el caso -el recurrente fue condenado como autor de un delito contra la Hacienda Pública por utilizar un fraude de ley para ocultar maliciosamente su auténtica base imponible-, pues la Audiencia realiza una aplicación analógica del tipo penal -art. 349 CP 1973- que resulta lesiva del derecho a la legalidad penal. (Cir. 1/04:) (LO 10/98, euro:2) (Instr. 5/01:) (Cons. 4/97:) (CP:627) (EOMF:18.ter) (Conv. eur. de extradición:5) (Conv. España-Bélgica de 14-6-95, fraude fiscal:) (L 58/03, Gral Tributaria:DA 10ª) Art. 306. «Jurisprudencia» «Temas» El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Comunidad Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a 50.000 euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar, o dando a los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. Redacción dada por LO 15/03, con entrada en vigor el 1-10-2004 (LO 15/03, reforma del Código Penal:) Redacción inicial, vigente hasta el 1-10-2004: El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de las Comunidades u otros administrados por éstas, en cuantía superior a cincuenta mil ecus, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar, o dando a los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. Nota: 1 ecu = 1 euro Concordancias. (LO 10/98, euro:2) (Instr. 5/01:) (CP:627) (CP:628)

Madrid, 9 de mayo de 2006.- En relación con las actuaciones de un Juzgado de la Audiencia Nacional en la sede central de la compañía, AFINSA quiere hacer público lo siguiente:

Madrid, 9 de mayo de 2006

Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a todos nuestros empleados y colaboradores, así como a sus respectivas familias.

Queremos reiterarles lo que ya saben: que Afinsa no ha cometido ninguna actividad ilegal y que actualmente colabora con las autoridades pertinentes para normailizar la situación lo antes posible.

Hoy, la solidez, legalidad y transparencia de nuestra compañía es la misma que la que hemos mantenido durante nuestros 25 años de operaciones. Ahora mismo, todos nuestros esfuerzos están dirigidos a poner nuevamente en marcha nuestra compañía, informando oportuna y puntualmente –y en la medida de nuestras posibilidades– a nuestros clientes, los que merecen toda nuestra preocupación y atención.

Para ello, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones:

• Mañana, se pondrá en funcionamiento un Call Center en el que atenderemos personalmente a todos los clientes que quieran resolver sus dudas.
  
   

• Las personas que estarán atendiendo a los clientes serán oportunamente informadas.
  
   

• Hasta que no se levante el precinto judicial, el resto de empleados de la oficina central de Afinsa no deben acudir a su centro de trabajo.
  
   

• Adicionalmente, utilizaremos nuestra página web www.afinsa.com para publicar las declaraciones que la compañía decida comunicar, según el curso de los acontecimientos.

Se trata, sin duda, de un golpe duro, pero que superaremos con la ayuda de todos vosotros.

Contad con la seguridad de que los empleados y clientes de Afinsa estáis en nuestra mente y que trabajamos para retornar a la normalidad lo antes posible.